La Liga de Gobernadores del Norte logró un avance notable en el Senado y ya tiene puesta la foco en un nuevo tramo de discusión en Diputados sobre la normativa del cabotaje por vía fluvial. El movimiento se da en el marco de una batería de temas que comienzan a canalizarse desde las provincias hacia la Casa Rosada, en una etapa en la que el Gobierno encara decisiones vinculadas a la economía regional y a la energía.
Entre las demandas de las seis provincias del litoral fluvial está la modificación de la normativa vigente para que el cabotaje quede circunscrito al transporte por río, excluyendo la navegación marítima. Según los impulsores, estas provincias se beneficiarían del acceso a puertos del litoral para sus procesos productivos, en lugar de depender de corredores situados lejos de sus complejos logísticos, como Rosario y Santa Fe.
Un aspecto central del planteo es la revisión de los permisos para operar barcazas. Hoy, los armadores para navegar por la hidrovía Paraná–Paraguay deben gestionar permisos por tramo y por puerto. Los gobernadores proponen permisos anuales y que no haya restricción de un único puerto, para aprovechar exhaustivamente la flota paraguaya, que representa la tercera más grande del mundo. La intención es que Paraguay pueda responder a necesidades de la región sin estar limitada a tramos puntuales.
La discusión llega en un contexto en el que el propio Gobierno ha planteado iniciativas de desregulación desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Esas propuestas generan resistencias en un Congreso que ya mostró escepticismo ante movimientos que consideraron descoordinados o con impactos negativos en mercados internos. Un episodio reciente relacionado con los prácticos (pilotos) terminó en una retirada de medidas, y hoy hay un consenso amplio dentro de la Cámara sobre que los proyectos de desregulación complican más que solucionan.
A nivel político, la definición de las iniciativas está a cargo de la mesa política de la Casa Rosada. Los gobernadores señalan que su avance está ligado al presupuesto, y se trata de un tema que podría “desenlazar” o acelerar la aprobación según cómo se configure la discusión presupuestaria. En ese marco, sostienen que el tema requiere atención prioritaria, dado que impacta no solo en costos logísticos sino en la competitividad de la producción del norte y del litoral.
