La Corte Suprema emitió un segundo fallo relacionado con la Ley de Tierras: en esta oportunidad resolvió un nuevo amparo y, con ello, dejó en claro que la norma quedó reinstalada en la práctica. Este giro llega en un momento en que la oposición mantiene la sesión solicitada para este jueves en Diputados, con el objetivo de bloquear el mega DNU 70/23, que incluye un artículo que deroga la norma que limita la venta de tierras a extranjeros.

La convocatoria de la sesión fue presentada con urgencia a fines de septiembre, después de que el Máximo Tribunal primero fallara en contra del amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Aunque los magistrados no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo (si la norma es constitucional), determinaron que CECIM carecía de legitimación suficiente para plantearla. Con el levantamiento de la cautelar, quedó vigente el artículo 154 del decreto que deroga la Ley de Tierras.

Ahora, el tribunal dio un giro distinto: aceptó la cautelar interina de una ONG ambientalista, y en la práctica la Ley recuperó vigencia. Este nuevo escenario cambia las probabilidades para la oposición, pero igual mantiene la decisión de avanzar con la sesión prevista para el jueves 15 en Diputados para rechazar de forma categórica el DNU 70/23.

Desde Unión por la Patria aseguraron que “las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte” y reiteraron la convocatoria a esa sesión especial para defender las tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias. En la misma línea, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, sostuvo que diez días después del fallo contra el CECIM la Corte volvió a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. Afirmó que la protección de nuestra tierra no puede depender de la duración de una medida judicial y remarcó que el 15 deben sesionar para rechazar el DNU 70/23, criticando que el Gobierno no use este fallo como excusa para evitar al Congreso.

La oposición aún no tiene garantizado el quórum, y la decisión del Tribunal le quita presión a los aliados del oficialismo, que hoy cuentan con un argumento más sólido para justificar la falta de asistencia a sesión. En la práctica, los oficialistas ven la necesidad de evitar un vacío institucional: si el megadecreto cae, podría generarse un caos procesal que reavive normas como la Ley de Góndolas o la de Alquileres, entre otras.

De cara a la estrategia legislativa, el oficialismo planteó un Plan B: incluir la Ley de Tierras en un capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para asegurar su refrendo. Paralelamente, la sesión del jueves también contempla la votación de la ley de endeudamiento y de discapacidad. Desde La Libertad Avanza adelantaron que convocarán una sesión para el miércoles 21, sumando a esa agenda la Ley de Malvinas. La coyuntura mantiene en vilo el calendario parlamentario y la lectura de la oposición sobre la viabilidad de abrir quórum frente al marco judicial actual.