La Cámara de Diputados, junto al bloque La Libertad Avanza, presentó un cronograma orientado a llevar el proyecto de ley de presupuesto 2027 al recinto en las próximas semanas. La hoja de ruta implica que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias para completar el tratamiento, ya que el Senado tendría apenas una semana para estudiar la iniciativa en Comisión y, luego, llevarla al recinto, antes de que cierre el periodo ordinario el 30 de noviembre.
Sin embargo, el reglamento del Senado establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley, al exigir un lapso de 7 días entre el dictamen y la sesión en el recinto. Esta discrepancia genera dudas sobre la viabilidad del calendario propuesto.
La oposición ha insistido en la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, adelantó que su asistencia solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever la negativa a participar del ministro en el debate.
En cuanto al recorrido de la comisión, el bloque de La Libertad Avanza confirmó que hoy tomaría la palabra el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y mañana por la mañana lo haría el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El calendario prevé retomar el trabajo el martes 20 de octubre, con la posible participación de un representante de Educación; el 27 de octubre habrá otra reunión informativa sin funcionarios anunciados, y el 28 de octubre se buscaría dictamen y la posibilidad de convocar a una sesión para el 18 de noviembre.
El presidente de la Comisión explicó que, entre el dictamen y la sesión, podría coincidir la visita del Papa León XIV y las elecciones de Estados Unidos, por lo que la intención sería avanzar hacia una sesión a mediados de noviembre.
Guberman inició su exposición describiendo el marco de gestión de los últimos tres años. Señaló que el gobierno logró un superávit financiero de forma rápida y centró su análisis en la inflación. Afirmó que los dos ejes de la política eran el ordenamiento cambiario y financiero y la recuperación de la competitividad, mencionando medidas como la eliminación del cepo y la prohibición de emisión, entre otras.
En cuanto a la obra pública, el funcionario indicó que, según su revisión, se recibieron 2239 “cosas”, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios. También señaló que 457 obras fueron transferidas y 199 quedaron bajo gestión directa, de las cuales 55 se encontraban en ese momento en evaluación.
