La Cámara Federal de Casación Penal recibirá este jueves los argumentos de las partes para decidir si corresponde aplicar la figura del juicio en ausencia a los 10 ciudadanos iraníes y libaneses involucrados en la investigación del atentado a la AMIA.
El tribunal deberá confirmar o desechar la autorización de este procedimiento, que fue concedido el año pasado y que fue apelado por la defensa oficial. De prosperar, podría tratarse del primer debate oral en Argentina llevado a cabo sin la presencia de los imputados.
La revisión ante Casación surge a raíz del recurso presentado por la defensa oficial contra la resolución que autorizó el juicio sin la presencia de los acusados. Los involucrados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Ninguno se presentó ante la Justicia argentina y todos fueron declarados en rebeldía.
Los jueces designados para deliberar son Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques. Se anticipa que la querella y la fiscalía ante Casación, a cargo de Raúl Pleé, presenten sus argumentos por escrito, mientras que la defensa oficial sostendrá su oposición al mecanismo.
El atentado del 18 de julio de 1994 destrozó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, dejó 85 muertos y dejó cientos de heridos. La Justicia argentina lo consideró un crimen de lesa humanidad e imprescriptible.
Entre los acusados figuran figuras de alta jerarquía en Irán al momento del ataque: Velayati era canciller, Rezai comandaba la Guardia Revolucionaria, Vahidi dirigía la unidad de élite Al Quds, Rabbani era consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Asghari ejercía como tercer secretario de la representación y Soleimanpour era embajador.
La Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025, restringe la figura del juicio en ausencia a casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o actos terroristas internacionales.
El 26 de junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas aceptó las solicitudes de familiares y de la fiscalía y ordenó el inicio del juicio en ausencia. La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente llegó a la Casación.
La defensa sostiene que la norma vulnera garantías al impedir a los acusados buscar un new juicio si en el futuro se presentaran o fueran detenidos, y advirtió que podría afectar la investigación y limitar el análisis de otras hipótesis.
El reclamo cobró fuerza durante el acto del 18 de julio pasado, cuando Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, pidió una definición urgente a Casación para destrabar la causa. Paralelamente, la Cámara Federal porteña ordenó avanzar con los pasos necesarios para llevar la causa a juicio, y Rafecas creó un equipo especial para el procesamiento de los prófugos.
