En medio de una escalada diplomática iniciada cuando Argentina llevó el caso ante el Tribunal del Mar para frenar la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, Reino Unido confirmó que avanzará con un marco legal destinado a blindar a las compañías británicas que buscan negocios en el Atlántico Sur.
La administración laborista de Andy Burnham informó que empleará las facultades de la Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para evitar que firmas y ciudadanos británicos deban acatar medidas argentinas que Londres considera extraterritoriales. Aunque la normativa necesita normas complementarias, la medida llega en un contexto complejo: a pocos meses del inicio potencial del proyecto Sea Lion, en el que Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper (británica) buscan comenzar la explotación en 2027, y tras la solicitud argentina de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS).
Según comunicados oficiales, Reino Unido preparará legislación secundaria para activar el mecanismo a la brevedad y pretende que entre en vigor antes de fin de año. El alcance de la iniciativa quedaría circunscripto a las medidas argentinas de carácter extraterritorial que afecten actividades vinculadas con Malvinas. En términos prácticos, podría introducir una obligación para empresas con sede en el Reino Unido de no cumplir, dentro de su jurisdicción, con esas sanciones argentinas. En ese marco, se excluirían explícitamente Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur —territorios de ultramar para el Reino Unido— del eventual impacto de sanciones foráneas.
Aun cuando los detalles operativos no están claros, la idea es crear un paraguas que proteja la actividad comercial británica en la región, a la vez que genera preguntas sobre su efecto en el plano internacional. Las sanciones argentinas, por su parte, continúan generando tensión y el impacto económico en las firmas involucradas ya se está sintiendo en los mercados.
El secretario de Comercio del Reino Unido, Jonathan Reynolds, indicó que actuarán si Argentina intenta obstaculizar la actividad comercial legítima del país. Por su parte, el canciller Ed Miliband criticó a Buenos Aires por tratar de intimidar a empresas y personas vinculadas a operaciones que Londres considera legales.
En paralelo, The Guardian informó que Burnham remitió una carta a la central de Interpol en Lyon para advertir que ciertas notificaciones rojas contra individuos vinculados al proyecto petrolero podrían estar motivadas por motivos políticos. Según el diario, entre las personas afectadas habría ciudadanos británicos, lo que alimentaría las preocupaciones sobre posibles tácticas de presión.
