La Corte Suprema de Justicia decidió volver a hacer efectiva la disposición contenida en el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que deroga la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Con ese fallo, se reactivan las consecuencias de la derogación de la norma que limitaba la participación extranjera en la tierra rural, y se vuelve a aplicar el marco establecido por el DNU en ese aspecto. En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la organización Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. En consecuencia, la Corte dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154, y dio continuidad a la derogación de la ley específica.
El DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, reúne 366 artículos y abarca modificaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral y tarjetas de crédito, entre otras. Además, declaró una serie de emergencias públicas en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, manteniendo vigencia en muchos de sus efectos más allá de ese plazo.
Entre sus disposiciones figura el artículo 154, incluido dentro del capítulo de bioeconomía, que eliminó la Ley 26.737. Dicha norma, sancionada en 2011, imponía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales: un tope del 15% por provincia y por departamento; impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo; establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
La escalada de tensiones ya se hizo visible desde este martes, cuando la primera concentración de rechazo se llevó a cabo frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. El acto fue convocado por CECIM junto a la CTA Autónoma (CTA-A), CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otros sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos. El objetivo, según los organizadores, es protestar contra la decisión de la Corte y la derogación de la Ley de Tierras.
En el calendario de medidas, la CGT anunció una marcha para el jueves 8 de octubre en apoyo a la industria nacional; agrupaciones de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común; y el jueves 15 está prevista una movilización al Congreso para acompañar la sesión especial en la que se buscará que Diputados rechacen el decreto.
