Este martes, el Tribunal Oral Federal N°5 declaró culpables a José López, exsecretario de Obras Públicas, y a Abel Fatala, su reemplazante subsecretario, por el desvío de más de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Las penas impuestas fueron de 2 años y 9 meses de prisión en suspenso para cada uno, y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se les fijaron 2 años y 8 meses y 2 años y 4 meses, respectivamente.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados, en un fallo leído por la jueza Adriana Paliotti, presidenta del tribunal, con votos disidentes de dos magistrados.
La sentencia, cuyos detalles fueron leídos en una sala subterránea de Comodoro Py 2002, establece que, por tratarse de una condena menor a tres años, los condenados no ingresarán en prisión y deberán cumplir reglas de conducta durante el periodo de cumplimiento de la pena. La sala dejó constancia de que De Vido no asumiría responsabilidad política por la firma de convenios vinculados al programa.
Durante la lectura, se observó un desfase entre la reacción de los condenados y el veredicto; Sergio Schoklender, al escuchar la condena, buscó confirmar ante sus defensores qué juez votó en disidencia. Grumberg, uno de los magistrados ausentes en la votación, habría sido señalado por él como quien favoreció esa postura, según indicios de la sentencia.
El tribunal también absolvió a Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, así como a Claudio Freidin y Carlos Castellano, exfuncionarios de Planificación Federal vinculados al esquema. No se consideró la responsabilidad política de De Vido en la gestión y firma de los convenios, y se dejó claro que los intendentes y gobernadores que participaron en la firma de esos acuerdos no formaban parte del proceso, ya que habían recibido sobreseimiento previo.
El fallo, con su lectura en un entorno poco propicio para el público, subraya que el caso se centró en las personas que ejecutaron el programa y que las responsabilidades políticas de alto nivel no estuvieron bajo revisión en este juicio. Sin embargo, los implicados deberán enfrentar medidas de cumplimiento y supervisión durante el periodo de la condena en suspenso.
