La Justicia argentina dictó procesamientos contra ocho altos mandos de Irán y de grupos libaneses en relación con el atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Las investigaciones registraron un saldo de 85 personas fallecidas, 151 heridas y daños materiales significativos.
En la resolución, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que el ataque fue decididamente promovido por la cúpula del gobierno iraní y que Hezbollah llevó a cabo la ejecución, calificando los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio. Asimismo, ratificó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los procesados.
Entre los procesados figuran Alí Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Alí Velayati (ex ministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní) y Ahmad Vahidi (ex comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria). Según la resolución, desde sus cargos dentro del régimen y sus estructuras, estos cuatro decidieron y participaron en la organización del atentado y facilitaron que quienes luego actuaron en el terreno llevaran a cabo el ataque.
Además, el juez impulsó la imputación de Hadi Soleimanpour (ex embajador de Irán en la Argentina), Mohsen Rabbani (activista religioso fundamentalista y consejero cultural de la Embajada iraní en Argentina desde 1983) y Ahmad Asghari (ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria) en calidad de “cómplices necesarios”, por contribuir de forma esencial al plan criminal desde el ámbito diplomático y la red local.
También se procesó a Salman Raouf Salman (conocido como Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, por coordinar la etapa final del atentado. En cambio, el magistrado dejó sin mérito a Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No se pronunció sobre el Líder Supremo iraní Alí Khamenei ni sobre Imad Mughniyeh, líder de Hezbollah, quienes, según la resolución, murieron en 2026 y 2008, respectivamente. Tampoco se resolvió la situación del libanés Ali Hussein Abdallah, fallecido en 2020.
