El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, formalizaron un convenio para que la provincia tome a su cargo la gestión de más de 165 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231 y 242 y para continuar con la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura. En paralelo, suscribieron un segundo acuerdo para avanzar en las tareas pendientes de la avenida que cruza la Ruta 40. Ambos tratos se implementarán mediante convenios tripartitos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, que definirán la cesión de la posición contractual a Neuquén, el modelo de financiamiento y las responsabilidades de cada parte.
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, indicó que la obra muestra aproximadamente un 82% de avance, pero quedan trabajos para completar y habilitar la nueva traza. La ejecución está paralizada desde 2023. El proyecto, de 6,1 kilómetros, busca descomprimir el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una localidad turística con intenso movimiento de camiones hacia el paso Cardenal Samoré.
Sin embargo, la firma del traspaso no resuelve el núcleo del conflicto. En 2015, familias que sostienen pertenecer a la comunidad Paichil Antriao se asentaron en un tramo de la traza y lo reclamaron como recuperación territorial. En 2017, Vialidad Nacional avanzó con una demanda de desalojo en el Juzgado Federal de Zapala. Al inicio de los trabajos, en marzo de ese año, ya convivían siete familias en la zona.
La comunidad exigió que se respetara la consulta previa obligatoria, prevista por la normativa vigente. Su werken, Lorenzo Loncón, cuestionó también que el Estado no haya concluido el relevamiento territorial indígena. En enero de 2023, la comunidad bloqueó la salida de maquinaria para presionar al INAI para que terminara ese relevamiento.
En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Zapala dio por cerrada la etapa de prueba tras una inspección de Gendarmería en El Álamo y dejó en condiciones de emitir sentencia. El informe confirmó la presencia de más de veinte viviendas en la zona. La comunidad rechazó el desalojo y sostuvo que las familias ocupan un territorio ancestral con posesión efectiva y derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. A la fecha, el fallo no había sido dictado.
Fuentes del caso confirmaron un posible acuerdo para relocalizar a diecisiete familias que residen a lo largo de la traza. Vecinos locales sostienen que las familias se asentaron al enterarse de que pasaría la ruta, con la finalidad de generar conflicto y obtener resarcimientos. La historia de la obra se remonta a fines de 2008; la licitación fue en 2012 por el Ministerio de Planificación, y la idea original data de 1978. La comunidad sostiene que Vialidad no cumplió con la consulta previa y que se presentó un amparo ante la Justicia Federal.
