En el marco del juicio por la causa Cuadernos, la defensa de Roberto Baratta solicitó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) realizar un careo entre el exfuncionario y dos exdirectivos del Grupo Techint, luego de que existieran versiones en pugna sobre un supuesto pago de un millón de dólares. La abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta—exministra de la Mujer durante la gestión de Alberto Fernández—presentó la petición para confrontar esas versiones, mientras que la fiscal Fabiana León sugirió que, si el careo se admite, se lleve a cabo al cierre del debate para evitar interrupciones y evitar que se repita la misma estrategia por parte de los imputados.
La semana pasada, ante un pedido de ampliación de su declaración indagatoria, Baratta negó haber recibido fondos del grupo Techint, contradiciendo las declaraciones de Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, dos exdirectivos que sostienen haberle entregado un millón de dólares.
Baratta figura como supuesto responsable de asociación ilícita en calidad de organizador, así como de la recepción de 105 sobornos y dádivas. Según el testimonio de Zabaleta, quien dijo haber recibido la orden de Betnaza para efectuar los pagos, esos fondos se entregaron para “sacar” de Venezuela a personas vinculadas a la empresa SIDOR, expropiada por el chavismo.
Héctor Zabaleta era gerente administrativo de Techint, y en su momento fue imputado como colaborador y luego sobreseído. Luis Betnaza era su supervisor y, según sus dichos, fue él quien dio la instrucción de realizar las transferencias a Baratta. Ambos exdirectivos coincidieron, ante la fiscalía, en los montos y en la finalidad alegada de los pagos.
El proceso está a cargo del TOF 7 desde noviembre del año pasado e integra a Cristina Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, en la acusación de liderar una asociación ilícita para recaudar coimas de empresas constructoras, de energía y de transporte, a cambio de adjudicaciones de contratos estatales.
Durante las últimas semanas, Betnaza y Zabaleta testificaron y confirmaron la existencia del pago de un millón de dólares a Baratta, describiendo la presunta “mensualidad” de unos 100 mil dólares por mes para facilitar la salida de personas de Venezuela. Las fechas de esos pagos, según reiteraron ante la fiscal León, concuerdan con datos ya cargados por Centeno.
