La implementación del nuevo esquema eléctrico ya empieza a mostrar efectos sobre micro, pequeñas y medianas empresas, que recibieron facturas de electricidad con aumentos significativos. En ciertos casos, los montos se multiplicaron por cuatro, y hay firmas que, pese a haber suscrito contratos de suministro, vieron que los costos finales se acercaron al doble de lo acordado. Así lo denunció Industriales Pymes Argentinos (IPA), que además subrayó que la realidad se da en un marco de caída de la actividad y del consumo.

La entidad señaló que el Gobierno debe intervenir y advirtió que los mayores gastos en energía están impulsando endeudamiento y pérdidas para las compañías. El cambio entró en vigor el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. Esta normativa modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y autorizó a los grandes usuarios a contratar energía y potencia directamente. Según IPA, de unas 6000 empresas alcanzadas por la medida, apenas 800 lograron cerrar acuerdos de abastecimiento.

Para IPA, el problema no es solo el incremento de precios, sino también la forma en que se llevó a cabo la transición. Las pymes se vieron obligadas a analizar precios, condiciones de suministro y obligaciones contractuales en un mercado complejo, mientras intentaban sostener la producción, el empleo y sus compromisos financieros.

Entre las firmas que no realizaron contratación directa, IPA identificó facturas que cuadruplicaron su valor. También halló conflictos en aquellas que sí firmaron acuerdos, con cargos extras que elevaron el costo final casi al doble de lo pactado y provocaron disputas con proveedores.

“Firmamos contratos y terminamos pagando la energía casi al doble de lo acordado. Se necesita una intervención. Nadie interviene y sentimos que estamos siendo estafados”, criticó la organización. Además, remarcó la falta de información y acompañamiento durante la transición: “Estamos obligando a una pyme a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería centrarse en producir, vender y enfrentar la crisis de consumo”.

IPA enfatizó que la normativa prometía una transición “gradual, ordenada y previsible” y sostuvo que esas condiciones no se cumplieron. Por ello, reclamó la convocatoria urgente de los sectores involucrados y la revisión de los casos con diferencias significativas entre precios contratados y los facturados finalmente.

“El costo de una transición mal implementada no puede recaer sobre la producción”, afirmó la entidad, que añadió: “Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que aporte previsibilidad, el nuevo modelo no resuelve un problema: lo agrava”.