En la última reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei determinó que el proyecto sobre la Soberanía Argentina en Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados. La iniciativa propone endurecer las sanciones a las empresas que exploten recursos naturales en las Islas sin permiso del gobierno argentino, y prevé modificar la Ley 26.659 de 2011 para incorporar esas medidas.
Entre las novedades, también se plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Además, Milei presentó denuncias penales contra varias firmas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, así como sus directivos y representantes.
La movida llega en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría revisar su posición respecto de la disputa por Malvinas. En ese marco, se recordó que el Reino Unido no respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo cual fue criticado por el líder de la Casa Blanca.
La bancada de Unión por la Patria (UxP) en Diputados dejó constancia de su interés en que, de forma rápida, haya proyectos orientados a subrayar la soberanía argentina sobre las Islas. El diputado porteño Eduardo Valdés, acompañado por 25 legisladores peronistas, solicitó al Presidente Milei que vuelva a exhibir en la Casa de Gobierno la bandera que flameó en Malvinas durante el operativo Cóndor.
“Esa bandera tiene un valor histórico enorme: fue una de las siete que ondearon en las islas Malvinas hace 60 años,” explicó Valdés. La enseña, que estuvo expuesta en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta febrero de 2025, fue retirada por trabajos de restauración, según informó entonces el Gobierno.
La iniciativa que apoya esa postura cuenta con firmas de Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Agustina Propato, Roxana Monzón, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto y Andrea Freites, entre otros.
Por otro lado, Guillermo Michel, representante del Frente Renovador en Entre Ríos, exhortó al Poder Ejecutivo a denunciar el Convenio de Doble Imposición con el Reino Unido, suscrito en 1996 para evitar la Evasión Fiscal y la Elusión respecto a Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital. Este convenio concede beneficios a empresas británicas que operan en Argentina y establece topes de retención sobre dividendos, intereses y regalías, con un costo fiscal promedio estimado en 50 millones de dólares anuales para el fisco argentino. Michel planteó que el país viene enfrentando cargas fiscales que justifican revisar ese acuerdo para evitar pérdidas en ingresos públicos.
