El diputado de la oposición Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica, difundió a través de redes sociales una acusación sobre Harbour Energy, una compañía petrolera británica que había sido sancionada por operar en la región de Malvinas. Según su versión, la firma forma parte del proyecto Southern Energy con una participación del 15%, y el Gobierno aprobó beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ese consorcio mediante la Resolución 559/2025, pese a que la empresa mantiene una inhabilitación vigente hasta 2028.

Ferraro señala que Harbour Energy es la actual denominación de Premier Oil PLC, entidad que cambió su nombre en 2021. La sanción inicial, emitida en 2013 mediante la Resolución 481, se fundamentó en la Ley 26.659 por operar sin autorización en la plataforma continental cercana a Malvinas. El diputado sostiene que la normativa alcanza tanto a accionistas como a controlantes, y que un cambio de denominación no elimina las sanciones.

“Argentina inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, participa con un 15% en Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro”, escribió Ferraro.

El legislador reclamó explicaciones a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sobre cómo se autorizó el proyecto de exportación de gas desde Río Negro sin advertir la inhabilitación vigente, subrayando que ningún acto administrativo debe ignorar una prohibición vigente.

Tras la conferencia de prensa del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció una ofensiva contra empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas y comunicó que buscará sancionar a 45 empresas y personas, en el marco de las acciones para reforzar el cumplimiento de la normativa nacional sobre Malvinas. Según Ferraro, la Ley 26.659 no solo prohíbe operar sin habilitación, sino que también prohíbe a los accionistas de la empresa implicada y, además, prohíbe al Estado contratar con esas firmas o sus controladas. En ese contexto, Harbour Energy mantiene una inhabilitación firme hasta 2028, a la vez que figura como accionista de Southern Energy, proyecto beneficiado por el RIGI para el desarrollo y posterior exportación de gas desde Río Negro.