Los docentes de las universidades públicas nacionales comenzaron este miércoles una huelga de tres días, que abarcará a las instituciones de todo el país y se extiende hasta el viernes. La protesta surge tras la falta de acuerdo en la última mesa paritaria, en la que el Gobierno mantuvo una suba del 3% y anunció que la implementaría de forma unilateral para avanzar con la cautelar vigente.
Los gremios sostienen que ese incremento no alcanza para cumplir con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario ni para atender la medida cautelar que exige ajustes. En ese marco, la fecha de vencimiento del plazo judicial para que el Ejecutivo ejecute dicha actualización coincide con el inicio del paro.
El juez Martín Cormick, coordinador del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, había dispuesto que, en cinco días, el Gobierno debía aplicar la actualización de los artículos de la ley vinculados a salarios y becas. Según pudo saber TN, el Ejecutivo presentó una apelación a esa decisión el viernes, lo que introduce un nuevo capítulo en la disputa.
Si la apelación prospera y la revocatoria es aceptada, podría dejar sin efecto la intimación judicial. Por su parte, Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), afirmó que aún no hubo contacto oficial desde el Ejecutivo con el sindicato y que no presumen que la norma se aplique en los términos que reclaman.
La dirigente advirtió que, si el Gobierno no se atiene a lo que dispone Cormick, podrían sumarse multas por el incumplimiento, salvo que se decida pagar lo que resta de la cautelar. El paro se produjo luego de que las negociaciones salariales volvieran a fracasar. Mientras el Gobierno sostiene que un aumento del 3% permite avanzar en el cumplimiento de la cautelar, los gremios plantean que la discusión debe contemplar un mecanismo de revisión que, conforme a la Ley de Financiamiento Universitario, permita recuperar los salarios a partir de diciembre de 2023.
