A poco más de un año de las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027, la discusión sobre el futuro de las primarias se convirtió en un tira y afloje prolongado entre la Casa Rosada y los gobernadores del interior. Mientras el Gobierno empuja a eliminar las PASO del calendario y luego abordar la repartición de distritos y candidaturas, los caciques provinciales insisten en obtener garantías previas al voto en el Congreso, conscientes de que estas definiciones requieren mayorías absolutas (37 senadores y 129 diputados) y podrían consolidar su influencia.

En este cruce, algunos actores se preguntan cuánto pesa el poder de cada uno para evitar que, una vez protegidos de una eventual competencia interna, esos gobernadores mantengan la posibilidad de respaldar una candidatura presidencial alternativa. Otros advierten que, si se les facilita el camino ahora, podrían terminar llenando el tablero de opciones que debiliten la unidad de la coalición al cierre de listas, complicando el armado nacional.

El sistema político sabe que eliminar por completo las internas es prácticamente inviable en estas circunstancias. Por eso, entre las opciones que ya circulan con cierta fuerza, aparece la idea de suspender las PASO, como se hizo en las legislativas anteriores. En ese marco, Diego Santilli, considerado por su entorno como un optimista “del gol”, sostiene que podría conseguir los votos necesarios en los próximos dos meses para evitar que la población tenga que ir a las urnas el 8 de agosto del año que viene. Sin embargo, incluso entre los más optimistas admiten que la realidad se volvió más compleja: a fines de julio, fuentes del ala libertaria le habían dicho a Infobae que la cuenta estaba “70% cocinada”; hoy la estimación cayó a la mitad, con un 50% de chances.

¿Qué cambió en ese intervalo? No la voluntad de las partes, sino los incentivos. La reforma, presentada formalmente el 22 de abril, se entrelazó con la pelea por las alianzas a nivel nacional y terminó funcionando como moneda de cambio en la negociación. En ese contexto, comenzó a ganar fuerza una tercera vía: mantener las primarias abiertas y simultáneas, pero eliminar la obligatoriedad, es decir, una PAS sin que sea obligatoria para votar. En el corazón del gabinete se analiza esa posibilidad como una salida viable para contener tensiones y buscar un marco de consenso que permita avanzar en la agenda electoral sin dejar a nadie completamente desactivado.