La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén falló parcialmente a favor de Marcelo Severini, quien preside la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y dispuso que la ex vicegobernadora Gloria Ruiz abone la suma de $5 millones por daño moral. El tribunal consideró que la denuncia penal presentada por Ruiz contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.
Además, la sentencia ordenó medidas orientadas a reparar los perjuicios derivados de la difusión pública de dicha denuncia. Entre las medidas, se incluyó la exigencia de borrar las menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de Ruiz, con un plazo de diez días para su cumplimiento. En caso de incumplimiento, la ex funcionaria deberá enfrentar apercibimientos económicos progresivos. Las costas del proceso fueron impuestas a la demandada.
Este fallo se enmarca dentro de un nuevo antecedente judicial relacionado con la ex vicegobernadora, en el contexto de la crisis institucional que azotó a la Legislatura de Neuquén a fines de 2024. El expediente civil se sustentó, entre otros elementos, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y posteriormente remitida al fuero provincial.
Según la información difundida por Diario Río Negro, el conflicto arrancó a principios de diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura y luego separada de la presidencia del cuerpo. Posteriormente, la entonces vicegobernadora anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante tribunales federales de Buenos Aires, dirigida contra ministros provinciales, legisladores y otros referentes institucionales, entre ellos Severini, titular de la cooperativa eléctrica de la provincia.
La denuncia fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman, e incluía acusaciones por presuntos delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa sostuvo que los denunciados habrían participado en una maniobra para desplazar a Ruiz de la conducción de la Legislatura, vinculando la maniobra a un intento de alterar el funcionamiento institucional. No obstante, la resolución civil señala que la denuncia no describió hechos concretos que permitieran determinar la intervención material de Severini ni aportó elementos mínimos de convicción para sostener la imputación. La causa había iniciado en el fuero federal porteño y, según el avance del proceso, fue remitida al fuero provincial.
