La discusión por el financiamiento universitario se intensificó tras la apelación del Gobierno Nacional a un fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto abarca el destino de los fondos, la actualización de salarios y las becas estudiantiles, mientras las casas de estudio se organizan para una movilización al Congreso el 15 de octubre.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y afirmó que busca demorar la vigencia de una norma que ya fue sancionada y ratificada por el Congreso. “El Gobierno tomó una decisión política que desobedece lo que el Poder Legislativo aprobó”, comentó a Infobae.

Según Cagnacci, la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se habría frenado su aplicación. Señaló que el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado. “La Justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, afirmó.

La postura oficial sostiene que la norma implica gastos no previstos en el presupuesto y que corresponde al Congreso indicar la fuente de esos fondos. Frente a ello, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones. “La reasignación de recursos forma parte de las facultades del Ejecutivo”, sostuvo. En su lectura, el eje del debate está vinculado a las prioridades de gestión: “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades para administrarla”.

Cagnacci también cuestionó el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales, que contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. “El Gobierno firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, señaló.

Entre las cifras mencionadas por el dirigente, afirmó que solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Indicó, además, que un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, representante del ingreso promedio en la UBA, percibe menos de 500.000 pesos netos; un médico residente del Hospital de Clínicas cobra 1.200.000 netos y el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de 800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en 35.000 pesos.

Con este marco, las universidades mantienen la movilización prevista para el 15 de octubre, buscando claridad sobre el financiamiento, las remuneraciones y las becas.