El presidente Javier Milei afirmó que hay filtraciones vinculadas a la residencia de Olivos. El jueves, el personal de la Quinta de Olivos acudió a trabajar como habitualmente, pero una parte del equipo, unos diez trabajadores entre cocineros, jardineros y personal de limpieza, no fue dejado ingresar. A la salida les llegaron telegramas informando la rescisión de sus contratos, sin que exista un motivo de despido, solo la extinción de la relación laboral.
La decisión se toma dentro de un marco de endurecimiento de las medidas de seguridad en Olivos. Karina Milei, la hermana del Presidente, disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, y encargó la seguridad a la Casa Militar, dirigida por Sebastián Ignacio Ibáñez. En la allegedidad de la justificación oficial aparece la necesidad de reforzar la seguridad, aunque la noticia de la semana anterior sobre el contacto estrecho del Presidente con militantes durante un acto en Bahía Blanca ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de esas medidas.
Sobre posibles alertas de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) respecto a filtraciones, la situación permanece sin confirmar. En el entorno presidencial suele aparecer Santiago Caputo, quien aporta carpetas con información para llamar la atención del Mandatario. En ocasiones anteriores, Caputo presentó listados de jueces objetados, pero en esa oportunidad el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, logró revertir los vetos que planteó el asesor.
Del otro lado, el Gobierno avanza en una agenda de endurecimiento político y económico. Detrás de la discusión presupuestaria, emergen señalamientos sobre recortes en Discapacidad, materia que el Ejecutivo no ha cumplido plenamente. También se mencionan debates sobre Malvinas y la idea de endurecer sanciones frente a campañas de desinformación y operaciones clandestinas extranjeras, con proyecciones de penas de hasta 20 años; en paralelo, Milei ha insistido en ampliar sus poderes.
En este marco, Caputo habría mantenido una reunión extensa, de cinco horas, con diputados y senadores libertarios para reforzar ideas económicas y pedirles que muestren flexibilidad hacia los aliados.
Al día siguiente, surgió una nueva controversia en la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El Gobierno reiteró su posición sobre recortes en Discapacidad, señalando esa área como un punto débil. La senadora Patricia Bullrich respondió con vehemencia: consideró que temas tan relevantes no deben discutirse públicamente y Kicillof y los intendentes miran con inquietud el desarrollo de estas gestiones y sus posibles efectos en sus jurisdicciones.
