El oficialismo está seguro de contar con los votos necesarios para enviar y aprobar el Presupuesto 2027, y apuesta a sumar el respaldo de gobernadores aliados y de sectores dialoguistas para sostener la negociación en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada destacan que no anticipan obstáculos determinantes para la ley que fija gastos e ingresos y ya trabajaban para llevarla al recinto en octubre, dentro de una sesión amplia que incluiría otros proyectos de la agenda oficial. El proyecto ingresó este martes, minutos antes de la medianoche, a la Cámara.

Desde el Gobierno aseguran que “los votos van a estar” y sostienen que el ajuste de cuentas se apoya en acuerdos en curso con mandatarios provinciales, el PRO, sectores radicales y bloques federales. La idea es evitar una discusión cerrada y permitir modificaciones que amplíen el respaldo sin desnaturalizar el objetivo central de mantener un superávit fiscal.

Se señala que el resultado favorable para las cuentas públicas fortalece políticamente la iniciativa. “Es un presupuesto con superávit. No debería haber problemas”, sostienen cerca de las conversaciones en Diputados. Aún no está definido el cronograma de comisiones ni las fechas de exposición de los funcionarios económicos.

La estrategia busca que el debate también abarque los temas de Discapacidad y Universidades, que generaron tensiones con la oposición y con sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. En Nación aseguran que están dispuestos a discutir modificaciones y partidas, pero buscan que esas discusiones formen parte de un tratamiento presupuestario más amplio.

El Ejecutivo ya adelantó una postura frente a la discusión por Discapacidad: las actualizaciones para prestadores y el financiamiento del área deben quedar dentro del marco fiscal de 2027, evitando mecanismos abiertos o con fuente de financiamiento no definida. En cuanto a Universidades, la lógica es similar: canalizar las demandas presupuestarias a través de la ley de gastos y evitar que avances legislativos paralelos modifiquen erogaciones sin coordinación con Economía. La definición final dependerá de la negociación en comisión.

Otro pilar de la estrategia son los gobernadores. Se admiten conversaciones sobre obras públicas, transferencias y pedidos específicos de las provincias para sostener una relación estable durante el avance del paquete legislativo de fin de año. Parte de esos acuerdos ya se reflejó en el presupuesto, con la inclusión de proyectos viales, de agua y saneamiento solicitados por jurisdicciones como Mendoza y Entre Ríos, entre otros.