El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará al Congreso provincial un proyecto de reforma laboral con el objetivo de disminuir la “industria del juicio” en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar en cambios al Código Procesal Laboral para acotar la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y aportar mayor previsibilidad a empleadores, trabajadores y aseguradoras.
El paquete de modificaciones propone cuatro ejes centrales. Primero, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados mediante concurso público. Su particularidad: recibirán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no dependan del porcentaje de incapacidad que determinen ni del monto de una eventual indemnización. La intención es desvincular el resultado de la pericia de la ganancia del perito.
En segundo lugar, se adopta de manera obligatoria el baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme permitía evaluaciones dispares entre peritos, generando incertidumbre para las partes. Con la reforma, los técnicos deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, buscando unificar criterios y reducir diferencias entre evaluaciones.
El tercer pilar modifica la forma de calcular los honorarios periciales. Hoy, esas retribuciones se fijan en función del monto reclamado, la condena o el porcentaje de incapacidad reconocido, lo que crea incentivos para inflar valores. La propuesta establece que la remuneración se determine por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo, con un tope máximo preestablecido.
El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, intereses y costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. Se busca garantizar el acceso a una segunda instancia sin frenar las cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento eventual del fallo.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa, calificándola como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. El gobierno entrerriano aspira a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menores incentivos para judicializar, con el fin de reducir costos y aportar mayor previsibilidad a quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
Contexto: según la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que en 2024; entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 ese incremento alcanzó el 38%.
