El canciller Pablo Quirno aclaró este domingo que la decisión del presidente Javier Milei de aplicar sanciones a firmas que exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas es resultado de meses de trabajo. Detalló que, desde que se hizo pública la medida, mantiene contacto constante con representantes del sector privado y subrayó que el objetivo principal es impedir cualquier actividad hidrocarburífera en ese archipiélago.

Sobre las repercusiones, el ministro indicó que se espera el respaldo de países aliados y sostuvo que la iniciativa no responde a una percepción negativa de Milei; afirmó que en las encuestas el presidente goza de buena aprobación y que la opinión pública acompaña de forma amplia estas medidas.

Quirno añadió que el apoyo no sólo proviene del ámbito gubernamental: mencionó, entre otros, al G6, a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Rural y a otras entidades que respaldan la postura argentina. Para el Gobierno, Malvinas es un objetivo común que trasciende sectores.

En cuanto a la designación de Cancillería como autoridad de aplicación de la futura normativa, el funcionario explicó que se debe a que se trata de un tema de política exterior. Aseguró que se está trabajando en la redacción de la nueva ley y que se espera presentarla ante el Congreso lo antes posible.

De cara a las elecciones de 2027, Quirno sostuvo que Argentina atraviesa un proceso de cambio profundo y que la agenda pública continúa avanzando. Confió en que la trayectoria futura mostrará avances, pese a las voces críticas de la oposición, a las que atribuyó un intento de generar desconfianza por carecer de resultados.

En su discurso, el Presidente anunció endurecimiento de sanciones para las empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. Milei afirmó que se aplicarán penas más severas y que las compañías que operen en ese territorio podrían enfrentar juicios en ausencia.

Asimismo, afirmó que el Estado recurrirá a todas sus herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a actores estatales y no estatales que violenten la soberanía argentina. La Cancillería informó que ya remitió alrededor de 180 notas a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos en las islas.

Quienes operen en Malvinas sin alinearse con la postura argentina deberán elegir entre una actividad ilícita en un territorio en disputa y una operación legal, regulada en un país soberano con reglas claras y previsibilidad.