Para entender qué pasa con los operadores de cambios en Argentina, conviene remontarse a 2015: tras la salida del cepo cambiario durante la gestión de Mauricio Macri, se flexibilizaron los requisitos para abrir una casa de cambio y crecieron las licencias disponibles.
Hacia finales del gobierno de Macri, cuando se reinstalaron controles sobre el dólar, esas facilidades no se eliminaron por completo. La brecha entre el precio oficial y las cotizaciones paralelas dejó margen para nuevas ramas de negocio y los operadores siguieron creciendo en número.
Con el tiempo, el Banco Central detectó que esa diferencia regulatoria dio lugar a un mercado secundario de licencias. Grupos operaban fuera de la norma comprando estructuras para operar durante dos o tres meses; cuando se acercaban inspecciones, descartaban la sociedad y saltaban a otra habilitación para continuar.
La respuesta del Central fue contundente: se produjeron revocaciones masivas de licencias y se iniciaron acciones judiciales. En la mayoría de los casos, las bajas respondieron a inactividad o a sanciones directas.
En la actualidad, la autoridad monetaria considera que casi la totalidad de las firmas sin actividad real quedó cancelada, aunque aún quedan expedientes residuales en trámite.
Paralelamente, la Justicia tramita cuatro causas penales con informes técnicos remitidos por el Banco Central. En los fueros Penal Económico y Contencioso Administrativo Federal se registraron decenas de sumarios concluidos que incluyen pedidos de multas millonarias para las sociedades y sus directivos.
El proceso de reacomodamiento culminó con la salida del cepo cambiario, que se materializó a partir de abril del año pasado. A partir de ese momento, el negocio de los operadores de cambio quedó prácticamente rematado.
