La decisión del máximo tribunal, que volvió a fijar límites a la compraventa de tierras a extranjeros, le aporta un respiro al gobierno y complica la estrategia de la oposición, que busca impulsar una megasesión para rechazar el DNU 70/23 sin asumir un costo político relevante. Según el análisis de distintos diputados, el marco para reunir el quórum podría haber cambiado de cara a la convocatoria, ya que la necesidad de votos se sitúa en 129 para habilitar el debate, pero con el fallo la oposición podría enfrentar un escenario más estrecho: se habla de unos 115 apoyos posibles, incluso en el mejor de los casos.
Entre los que podrían reconsiderar su posición aparecen legisladores indecisos de bloques provinciales, que hasta ahora debían defender una cuestión sensible para sus distritos sin romper con la postura de sus gobernadores. En ese sentido, se menciona a diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora y a pares de Santa Fe dentro del bloque Provincias Unidas, como la diputada Gisela Scaglia, que podrían inclinar la balanza hacia no avanzar con la sesión o buscar alternativas.
Con la Corte intersectando en la dinámica política, quienes venían evaluando la necesidad de sostener la convocatoria para el jueves 15 de octubre señalan que la abstinencia podría aumentar y que la cifra de votos necesarios para abrir el recinto quedaría cerca de la meta de 129, pero el objetivo podría verse aún más dificultado para la oposición, que quedaría a 14 voluntades de distancia.
Si bien la resolución fue considerada por la coalición gobernante como un giro favorable a su lectura del tema tierras, para los sectores opositores la afectación es distinta: el fallo era esperable para varios bloques, inclusive para libertarios y opositores, pero no cambió su objetivo estratégico de echar abajo el DNU 70/23. Distintos bloques de Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y otros provinciales sostienen la defensa de la normativa, y algunos analistas ven una reconfiguración de la pelea en torno a este tema clásico de soberanía.
En la práctica, la oposición ha dejado asentada la idea de complementar la discusión con otros dos puntos del temario, que también fueron incorporados de forma estratégica: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la situación de morosidad familiar. Esas temáticas podrían servir para convencer a indecisos de bajar al recinto, en un intento por sostener la presencia parlamentaria necesaria para dar inicio al debate, aun cuando la propia Corte haya introducido un factor de dispersión política respecto del eje central de la discusión.



