Voceros de la Casa Rosada indicaron sentirse “alivianados” por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que este viernes emitió una medida cautelar interina para volver a vigentes las restricciones a la compra de campos por extranjeros previstas en la ley de tierras. El fallo se dio con urgencia, contó con la firma de dos conjueces y fue dividido, con una disidencia relevante de Carlos Rosenkrantz.

En Balcarce 50 explicaron que el fallo “descomprime” la presión de la oposición, que buscaba avanzar este jueves en una sesión de la Cámara de Diputados para intentar modificar o derogar el DNU 70/23, no solo el artículo 154. La iniciativa, impulsada por el PJ, la izquierda y algunos aliados del oficialismo, había nacido como respuesta a la sentencia anterior del propio tribunal.

“Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene”, sostuvieron las fuentes oficiales consultadas.

Desde lo práctico, la Corte habría revertido los efectos de su fallo anterior, dictado el martes de la semana pasada, cuando, por un motivo procesal, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata de 2024 que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, que deroga la Ley de Tierras. Este giro judicial generó críticas y la Corte emitió una aclaración pública poco habitual. Con la nueva decisión, el tribunal habría contribuido a desactivar el desafío opositor.

Además, en el Gobierno interpretaron que el fallo cierra definitivamente un capítulo en la discusión sobre la Ley de Tierras, en la que el oficialismo había aceptado quedar fuera del debate sobre la venta de tierras a extranjeros. “Habíamos perdido esa batalla y quisimos dar vuelta de página; esto va en ese sentido”, resumieron las fuentes.

La discusión en torno a la ley de tierras llevó a una instancia de autocrítica en la mesa política de la Casa Rosada, que se reúne semanalmente. En el Ejecutivo se advirtió que el fallo podría complicar al peronismo para mantener la unidad en un año electoral.

Sobre supuestos contactos con la Corte, descartaron “taxativamente” haber hablado con los jueces por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, o del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En la Corte, se habló de un “buen diálogo institucional con el Gobierno”, pero no confirmaron conversaciones previas. Un vocero del tribunal subrayó, además, que ya existía un “pedido de juicio político” y un “ataque sistemático” desde sectores del entorno del exministro Martín Soria y del expresidente Alberto Fernández, tesis que añadió para marcar diferencias entre las partes.