Cuando la bancada opositora anunció una sesión en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre, con poco más de dos semanas de anticipación y tras la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto la derogación de la ley de Tierras, surgieron dudas entre referentes oficialistas sobre la utilidad de esperar. Sin embargo, el Gobierno terminó moviéndose para desactivar esa convocatoria mediante un pedido de sesión maratónica fechado para el 21 de octubre a las 12, con la pretensión de blindar el DNU 70/2023.
Entre los temas que la oposición ya había incorporado figura la emergencia en discapacidad y una respuesta a la morosidad en hogares. Esos proyectos se suman a otras iniciativas que el oficialismo también quiere debatir, como un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y ampliar las penas para conductas de vandalismo rural, que contemplan el ingreso ilegal a predios agropecuarios y daños a bienes productivos.
La propuesta de La Libertad Avanza se ve reflejada en la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que traería cambios a regímenes de expropiaciones y desalojos, aunque el contenido definitivo del texto aún no está definido. En el plenario que lo tratará el próximo miércoles podría incluir un artículo que fije un límite del 15% de posesión extranjera por distrito, pero que elimine el tope de 1.000 hectáreas por comprador foráneo. El Gobierno aspira obtener apoyo suficiente en ese momento; de superar una media sanción, el proyecto volvería al Senado con la redacción modificada.
La última sesión en Diputados había sido el 9 de septiembre y fue convocada por la oposición. En este contexto, y tras la decisión de la Corte Suprema de revertir un fallo anterior y restablecer la ley de Tierras 10 días después, La Libertad Avanza se mostró confiada en que la convocatoria opositora para el 15 de octubre quede sin quórum. Si eso ocurre, los disidentes podrían sostener la narrativa del “principio de revelación” para señalar quiénes no participaron, además de avanzar con la movilización prevista y su esquema para empujar la morosidad y la emergencia de discapacidad para el 21 de octubre.
El Gobierno evitaría así una sesión en el Senado que se extendiera por más de un mes y medio sin convocatorias, dado que la última citación había sido el 9 de septiembre y respondió a una iniciativa opositora. Aun así, la cita también evidenció la falta de consenso en torno a la llamada ley “Defensa de la Soberanía Nacional”, excluida del temario en una definición de última hora. La estrategia, que venía ensayándose en las semanas previas, persiste.
