El Gobierno nacional formalizó la designación de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Nación para la conmemoración del Día de la Independencia, al promulgar la Ley 27820. La norma establece que los actos centrales de celebración que organice el Estado para esa fecha se lleven a cabo de forma permanente en esa ciudad, reforzando el vínculo institucional entre la celebración nacional y el lugar donde, en 1816, el Congreso de Tucumán declaró la ruptura con la Corona española.
La medida forma parte de una batería de acuerdos entre el oficialismo y sectores aliados en el Congreso, orientados a enviar gestos políticos a los gobernadores. En paralelo, también se avanzó en la ampliación de las cámaras federales de apelaciones ubicadas en Tucumán. En su gran mayoría, estas iniciativas no implican costos fiscales y poseen un valor simbólico para las provincias desde lo local.
Entre las iniciativas destacadas figura la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina. Este marco se inscribe dentro de la Ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y reconoce al Camino de Brochero como una práctica que reúne devoción, peregrinaciones y expresiones culturales.
El texto identifica al Camino de Brochero, asociado a la figura de José Gabriel del Rosario Brochero (el Cura Brochero), como una manifestación que forma parte del patrimonio inmaterial argentino. A su vez, se declaró de interés un Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción de las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela, cuyo objetivo es la preservación, difusión y promoción de ambas tradiciones. El acuerdo prevé desarrollar actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas vinculadas a estas rutas, así como acciones afines a la celebración y la devoción en ambas itinerarios.
La ley impulsada por la diputada Alejandra Vigo obtuvo su aprobación definitiva a fines de agosto, tras haber recibido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025. Entre las novedades, se contempla la posibilidad de emitir un pasaporte para peregrinos, destinado a registrar las etapas del recorrido, tomando como referencia la experiencia del Camino de Santiago en España.
