Las universidades públicas del país avanzan con su quinta movilización federal para exigir al gobierno de Javier Milei la implementación de la Ley de Financiamiento universitario. La normativa acumula 321 días sin ponerse en marcha y el Gobierno continúa sin acatar la cautelar dictada por la Corte Suprema el 25 de junio, la cual ordena medidas de ajuste y un aumento salarial inmediato para más de 300 mil docentes y nodocentes de las más de 60 casas de estudio públicas.
La iniciativa de la nueva marcha fue presentada el viernes por Franco Bartolazzi, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectoras y rectores celebrado en Bariloche. Bartolacci planteó realizar la movilización en octubre, en una fecha por definir, con la expectativa de lograr un amplio respaldo social que, según sostuvo, fue decisivo para sostener la postura de las universidades frente a los recortes gubernamentales.
En la misma reunión se aprobó el presupuesto universitario para 2027. El proyecto, elaborado por más de 50 representantes de áreas administrativas y financieras reunidos en Mar del Plata, propone una necesidad global de 11 billones de pesos. Ante la dificultad de obtener ese monto, Bartolacci adelantó que este lunes se enviarán notas a los legisladores y, en los próximos 15 días, se convocará una audiencia pública en el Congreso para exponer las necesidades de las universidades.
El cónclave contó con la bienvenida del anfitrión Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y del gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck. Para 2026, se había solicitado 7,3 billones; el Gobierno asignó 4,8 y, en julio, realizó una ampliación de 1,33 billones para financiar un acuerdo salarial del 21% y otras partidas.
Participaron también representantes de las federaciones gremiales, que la semana pasada asistieron a una paritaria frustrada convocada por el Ministerio de Capital Humano, donde el Gobierno ofreció un 3% de incremento para septiembre. El CIN sostiene que, según la ley vigente, corresponde un aumento del 31%.
El comité ejecutivo del CIN quedó autorizado para convocar la nueva marcha federal. No obstante, Bartolacci señaló un panorama complejo y de incertidumbre por delante, especialmente porque caducaba el plazo de tres días que el juez Martín Cormick había otorgado al Gobierno para explicar los avances respecto de la cautelar.
Según explicó el abogado del CIN, Pablo Manili, tras el fallo del 25 de junio se gestionaron dos pedidos de ejecución de la cautelar, incluyendo la intimación con apercibimientos de multas diarias y la apertura de una causa por desobediencia (art. 239).
