El Gobierno publicó la promulgación de la reforma al Régimen de Zona Fría, que eliminó el beneficio automático por criterio geográfico para las localidades más expuestas a las bajas temperaturas. Ahora, el subsidio se asignará de acuerdo con el nivel de ingresos de cada usuario y con base en ciertos requisitos de consumo.
La entrada en vigencia de la norma quedó publicada en el Boletín Oficial, y la medida implica que más de 3 millones de usuarios, que residen en aproximadamente 100 departamentos de nueve provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja), quedarán fuera del beneficio.
A partir de ahora, los subsidios estarán dirigidos exclusivamente a la región patagónica, a la región de la Puna y al departamento mendocino de Malargüe.
La medida había sido aprobada por el Congreso el 24 de septiembre pasado, en medio de un intenso debate parlamentario que desoyó los argumentos de especialistas citados por bloques opositores.
El argumento del oficialismo fue que, con el recorte, el Gobierno ahorraría entre 200 mil y 480 mil millones de pesos, recursos que, aseguran, servirían para sostener el superávit fiscal ante la caída de la recaudación.
La promulgación (publicada hoy pero fechada el 9 de octubre) vincula la aplicación del régimen de Zona Fría a un Régimen de Subsidios Focalizados, que se aplicará según los consumos base de los usuarios residenciales que cumplan determinadas condiciones.
Entre los rasgos de este nuevo esquema, se mantiene un recargo de hasta el 7,5 por ciento sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, destinado a financiar un fondo fiduciario. El Gobierno podrá modificar ese porcentaje en hasta un 50 por ciento, según criterios que determine a futuro.
Además, la norma refuerza la pretensión de trasladar los costos de adquisición de energía a las tarifas de electricidad y gas, conforme a lo previsto en el texto. También amplía la vigencia del régimen de promoción de energías renovables hasta 2045 y elimina determinadas normas previas de promoción de inversiones en hidrocarburos, preservando, eso sí, los derechos adquiridos.
