El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para erigir una base militar en Ushuaia y dejó en claro que la operación debe permanecer bajo soberanía argentina. “No vamos a avalar que la base esté en manos compartidas con otro país que no sea Argentina”, señaló en una entrevista con Infobae a la Tarde.

Para el legislador, el debate no se reduce a si la obra se aprueba o se rechaza, sino a conocer las condiciones de construcción y funcionamiento. Reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el esquema de operación para las próximas dos décadas: “Que quede claro de dónde sale la plata, que haya mano de obra argentina y cómo se va a operar en 20 años”.

Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, enfatizó.

La conversación también giró en torno a la postura argentina frente a las Islas Malvinas. El diputado cuestionó las actividades de empresas vinculadas con hidrocarburos y pesca en zonas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la ley nacional. En particular, mencionó una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.

Asimismo, Castagneto cuestionó la política oficial sobre la soberanía y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición ante organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, sostuvo.

En el tramo final de la entrevista, el diputado presentó su proyecto de ley para promover y financiar del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados. La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado, en consonancia con el esquema de responsabilidad social empresarial. Castagneto explicó que se trata de canalizar parte de la responsabilidad social sin generar costo para el Estado: “Realmente, costo cero para el Estado”. El texto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos, pues los clubes deberán acreditar cierta elegibilidad para ser beneficiarios.