En la antesala del veredicto, Sergio Schoklender —el único de los acusados que optó por un cierre oral— hizo una declaración irónica dirigida a Cristina Kirchner, sin reproducir la frase exacta. En su breve intervención afirmó que, más allá del resultado, lo que queda registrado es el valor de las obras para miles de familias que se vieron beneficiadas por ese proyecto de vivienda pública.
El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py dará a conocer su fallo el próximo lunes, cuando decida si condena a los nueve imputados por presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales dentro del programa Sueños Compartidos. Entre los acusados figuran los exfuncionarios Julio De Vido y José López, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) reclamaron penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de 206 millones de pesos. El juicio ya lleva seis meses de desarrollo y se adentra en su etapa decisiva. El fiscal Diego Velasco, junto a la UIF, pidieron condenas por administración fraudulenta agravada contra la administración pública para los nueve imputados; entre ellos, seis años para los Schoklender, De Vido, López y Fatala. Cuatro años solicitaron para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Además, para los exfuncionarios se reclamó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
También se solicitó el decomiso de bienes por 206 millones de pesos, monto que la investigación señala como desviado; se propone actualizar esa cifra por la inflación una vez firme la sentencia y destinar ese dinero a programas de viviendas sociales.
La causa examina la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales. En ese periodo se transfirieron cerca de 900 millones de pesos para Sueños Compartidos. La acusación sostiene que unos 206 millones habrían sido desviado, parte de los cuales habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que actuaban como apoderados del programa.
Las obras se llevaron a cabo en distintas ciudades del país, entre ellas Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. No obstante, varias casas no se levantaron y hubo trabajadores que no cobraron o a quienes no se realizaron los aportes correspondientes.
Además de los hermanos Schoklender, figuran entre los principales acusados De Vido, López y otras autoridades vinculadas a la vivienda, tanto a nivel nacional como de Santiago del Estero. La investigación apunta a irregularidades en la ejecución del programa y a posibles vinculaciones entre las empresas de los Schoklender y el programa estatal.
