En medio de la controversia por la suspensión de la Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual, destacando que la decisión no respetó la competencia del Poder Legislativo.
A través de un escrito publicado en su cuenta de X, el ex mandatario aseguró que resulta “inaceptable” que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia. Señaló que la resolución se apoyó en razonamientos que, a su criterio, no tienen sustento en el expediente.
Citando un tramo de la propia sentencia, Macri afirmó que la magistrada partió de presunciones para fundamentar su fallo: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente subrayó que esos elementos no estaban presentes en el expediente analizado.
Además, incorporó un argumento de carácter constitucional: sostuvo que, según el marco vigente, el Poder Judicial no tiene la función de realizar una revisión preventiva de decisiones legislativas; el control de constitucionalidad debe hacerse en causas concretas, no de forma abstracta o anticipada. En su visión, la cautelar dejó sin efecto una norma nacional en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia, lo que, para él, altera “el equilibrio entre los poderes del Estado”.
El fallo al que alude Macri fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la Provincia de Buenos Aires. La medida respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En paralelo, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y pidió que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión genera “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, ya que extiende los efectos de una resolución judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.
La apelación central se apoya en el uso del instituto del hábeas corpus, conforme al entramado del Código Procesal Penal de la provincia, en medio de un debate sobre el alcance de estas herramientas frente a decisiones legislativas.
