El gabinete del primer ministro Andy Burnham difundió un comunicado en el que asegura que las empresas que invierten en las Islas Malvinas quedarán protegidas frente a la coerción económica proveniente de Argentina. El texto oficial señala que las compañías y personas vinculadas a actividades lícitas en el territorio quedarán resguardadas ante medidas internas argentinas.
La publicación coincidió con la autorización para realizar perforaciones petroleras en las Malvinas y con la presentación, por parte de Argentina, de un reclamo ante un tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion. En ese marco, el gobierno británico dejó claro que actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido.
Se explicó que las nuevas medidas entrarán en vigencia como respuesta a acciones argentinas basadas en la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI). El objetivo es evitar que las empresas se vean forzadas a acatar medidas extraterritoriales que afecten su actividad relacionada con las Malvinas, y se subrayó que el Reino Unido trabajará en coordinación con las firmas afectadas para brindarles apoyo.
El comunicado también enfatizó el respaldo británico al derecho de los habitantes de las Malvinas a gestionar sus recursos naturales para su beneficio económico propio, y afirmó que las decisiones sobre el desarrollo económico en el territorio corresponden al gobierno local de las Malvinas y a las empresas involucradas.
Citas del secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, destacaron que estas medidas envían una señal clara de que Londres no permanecerá de brazos cruzados ante intentos de Argentina de utilizar su legislación para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Malvinas. Miliband reiteró que el apoyo del Reino Unido a las Malvinas es inquebrantable y que cualquier intento de intimidar a empresas y ciudadanos que realizan negocios legales es inaceptable, subrayando la defensa del derecho de las Malvinas a decidir su propio futuro y a buscar un desarrollo económico legítimo.
