El Ejecutivo nacional dio luz verde a un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto máximo de u$s300 millones, destinado a financiar el programa Transformación del Estado Nacional I. Entre sus objetivos figura respaldar retiros voluntarios en organismos de la Administración Pública Nacional. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1177/2026, publicado en el Boletín Oficial y suscripto por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
La norma también autorizó la apertura de una línea de crédito condicional de hasta USD 800 millones para el Programa de Transformación del Estado, pensada para mejorar la eficiencia del gasto público a través de la modernización de las administraciones nacional y subnacionales, con un plazo de utilización de diez años. El préstamo de u$s300 millones constituye la primera operación individual bajo esa línea.
Conforme al contrato anexado, el componente Modernización de la Gestión del Empleo Público concentrará u$s220 millones, es decir el 73,3% del total. Esos fondos se destinarán a financiar retiros voluntarios, al diseño e implementación de un nuevo proceso de reclutamiento y selección y al fortalecimiento de capacidades en la gestión de recursos humanos, incluyendo una estrategia de gestión del cambio.
Asimismo, se prevé que el BID pueda reconocer como gastos elegibles hasta u$s60 millones por retiros voluntarios realizados desde el 5 de marzo de 2026, siempre que esas operaciones se hayan llevado a cabo en condiciones sustancialmente análogas a las del contrato.
El segundo componente, orientado al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Estado, contará con USD 77 millones (25,7%). Entre las actuaciones previstas figuran la actualización del parque informático, la modernización del sistema nacional de compras públicas y del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional, y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, que incorporará información desagregada por sexo y situación de discapacidad en la trayectoria y remuneración del personal. Los USD 3 millones restantes se asignarán a tareas de administración y auditoría.
En cuanto a las condiciones financieras, el préstamo se devolverá en 25 años desde la firma, en cuotas semestrales, con la primera amortización a los 66 meses de la entrada en vigencia del contrato. Los intereses se pagarán cada seis meses y serán calculados como SOFR más el margen aplicable a los préstamos del capital ordinario del BID. El periodo para desembolsos será de cuatro años y la comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado no podrá superar el 0,75% anual.
Para el primer desembolso, el Gobierno deberá acreditar la vigencia del reglamento operativo del programa, con criterios para la rendición de gastos de los retiros voluntarios, y la contratación de una consultoría independiente que respalde la documentación de esos gastos.
