El oficialismo contempla ampliar el periodo de sesiones del Congreso más allá de noviembre, con el fin de gestionar las demoras en la agenda legislativa y la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había fijado originalmente votar la ley de gastos en la primera semana de noviembre; ahora se baraja tratarla en Diputados entre mediados y la tercera semana del mes.
La decisión aún no está formalizada, pero desde el Ejecutivo advierten que el calendario dificulta cerrar toda la agenda antes del 30 de noviembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario por la Constitución. La opción es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar así convocatorias a sesiones extraordinarias.
El cambio se fue gestando luego de mover de su marco original otros proyectos que el oficialismo tenía previstos resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada a Malvinas y, si avanza antes en comisión, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Este corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original apuntaba a llevárselo al recinto en la primera semana de noviembre; ahora, desde Balcarce 50 calculan que la votación se producirá tras la visita de León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre, con una ventana entre mediados y la tercera semana del mes.
En el Congreso circula la fecha tentativa del 17 de noviembre, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación continúa en una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones solicitadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.
Entre los temas pendientes figuran las partidas para Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.
La Casa Rosada sostiene que el Presupuesto tiene altas probabilidades de avanzar, pero admite que el texto aún no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En términos político-financieros, consideran que aprobar una ley de gastos funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.
La negociación presupuestaria se cruza con otros expedientes de peso, como la discusión sobre la suspensión de las PASO —necesaria para la aprobación de acuerdos con gobernadores y senadores— y la iniciativa sobre Malvinas, que continúa recibiendo objeciones de distintos bloques.
