La discusión sobre la ley de Tierras, que determina si deben existir límites para la venta de tierras a extranjeros, aceleró una decisión de la Corte Suprema que, por ahora, mantiene esas restricciones vigentes. Esa postura obligó al Gobierno a abrir una vía de negociación que contrasta con su posición inicial y elevó la intensidad de la pulseada en Diputados. ¿Qué cambió para que este tema ganara peso ahora, cuando en el megaproyecto de DNU de inicio de la gestión de Javier Milei parecía no haber sido central? Y a nivel inmediato, ¿qué produjo que la extranjerización resurgiera en el Senado al intentar introducirla dentro de la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada? La lectura más razonable apunta a un cambio de clima social percibido por la justicia, la Casa Rosada (Olivos) y el Congreso, cada uno a su modo.

Ese cambio de ambiente, en parte, revela una paradoja para el Gobierno. El regreso del tema Malvinas—que impulsa un debate concreto pero que trasciende la Cámara—volvió a colocar la soberanía en el centro del escenario. El giro sorprendió incluso a algunos funcionarios del oficialismo, como el canciller Pablo Quirno, quien lo consideró un concepto desfasado. Organizaciones de oposición y otros actores lograron, en espacios públicos y mediáticos, reposicionar el tema de la propiedad privada como una ley orientada a la extranjerización de tierras.

Desde el gobierno podría interpretarse como un error de cálculo haber sumado el capítulo de tierras a un proyecto tan amplio como el de propiedad privada, y como parte de la idea de que la reanudación de la discusión sobre Malvinas podría servir para retomar el control de la agenda política. Esa lectura, sin embargo, resulta incompleta.

Una mirada más amplia sobre el efecto de la ley de Tierras señala otros elementos relevantes para los climas sociales: varias encuestas muestran signos de malestar o insatisfacción en un marco económico que resulta complejo para amplios sectores. Este estado de ánimo no depende exclusivamente de decisiones del círculo de Olivos y está vinculado, en buena medida, a la trayectoria de la gestión desde la firma del DNU 70/2023, hace casi tres años, y a sus efectos en los primeros años de gobierno. No se trata de un fenómeno aislado.

Si bien es complejo medir el alcance exacto de los cambios en el humor social, hay señales claras desde el poder, en sentido amplio: la Corte dio pasos rápidos, el oficialismo dio indicios de sostener restricciones que buscaba quitar, y Diputados vive una dinámica de confrontación entre oficialismo y oposición con convocatorias a sesiones.

En un periodo breve, la Corte Suprema se convirtió en el epicentro de una secuencia de movimientos, dejando en claro que el tema de Tierras seguirá siendo un punto de tensión y de negociación entre los tres poderes.