Las primeras evaluaciones técnicas sobre el descarrilamiento de la locomotora de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), sucedido el 7 de octubre en la provincia de Santa Cruz, indican que podría haber sido provocado de forma deliberada, según expresaron el gobernador provincial, Claudio Vidal, y el interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo, después de la revisión realizada por peritos de la Justicia Federal en el tramo del ferrocarril donde se produjo el incidente.
La caída afectó a la única locomotora en operación de la empresa, que estaba trasladando unas 600 toneladas de carbón con destino al puerto de Punta Loyola. Este episodio ocurre en medio de un proceso de transformación societaria que avanza hacia la participación de capital privado en la compañía.
Vidal recorrió el sector del siniestro, en la zona de la estación Ingeniero Cappa, acompañado por el equipo técnico que trabajó para la Justicia Federal. Tras la inspección, sostuvo que los datos preliminares sostienen lo que se había considerado desde un principio: que se trató de un sabotaje. “Según el equipo, los peritos comunicaron que esto fue sabotaje, lo que era la hipótesis inicial”, afirmó el Gobernador, en declaraciones difundidas por medios de la región.
El mandatario calificó el hecho como “triste” y “lamentable” por el riesgo al que estuvieron expuestos los trabajadores que viajaban en la formación, y exigió que la investigación judicial avance hasta dar con los responsables, esperando que se identifique a los involucrados y se avance hasta las últimas consecuencias. Recalcó, además, que el Gobierno provincial respetará la independencia de la Justicia.
Por su parte, Gordillo confirmó que los peritos estuvieron presentes el domingo en el lugar, pero aclaró que el proceso técnico todavía no está cerrado. “Aún no están terminadas las pericias, pero coinciden con la línea que teníamos: la caída de la locomotora fue intencional”, señaló el funcionario, designado por el Gobierno nacional para encarar la reestructuración de la empresa de cara a una eventual privatización.
Gordillo había adelantado días atrás que el personal de vías y obras ya había descartado fallas en la infraestructura o en la locomotora tras una revisión en el terreno. Según relató, el conductor de la formación sostuvo que la vía se “abrió” en el momento del accidente, versión que fue contrastada por la inspección posterior: la vía no presentaba cortes ni roturas que explicaran el descarrilamiento.
A unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos localizaron una pieza de material ferroviario en desuso que, según la hipótesis inicial de las autoridades, no debería estar sobre el tendido. Gordillo indicó que ese hallazgo, por su carácter inusual, podría formar parte de la línea de investigación que se está siguiendo.
El caso continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, en medio de un marco de cambios institucionales en la empresa y la expectativa de avances en la identificación de responsables y en las consecuencias que correspondan.



