Patricia Bullrich afirmó que no promoverá un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, las responsables de frenar la implementación del nuevo régimen penal juvenil que redujo la imputabilidad de 16 a 14 años. La dirigente de La Libertad Avanza sostuvo que las sentencias deben ser revisadas en instancias judiciales superiores y no deben convertirse en motivo para destituir a jueces.
La postura de Bullrich la separa de otros dirigentes libertarios y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes habían impulsado acciones contra las magistradas. La reforma, aprobada por el Congreso, alcanza a adolescentes de 14 a 18 años y propone a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ajustar sus normas procesales y administrativas.
La senadora habló en un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino, organizado por la asociación civil Río Paraná. Allí sostuvo que la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por las decisiones que toman.
Al cierre de su exposición, de casi una hora, afirmó estar “totalmente en contra” de las actuaciones de las dos jueces que frenaron el régimen, pero advirtió que no le corresponde emitir un juicio político por esa cuestión. Este posicionamiento marca una diferencia con la línea oficial del Gobierno nacional y se suma a otros gestos de independencia frente a medidas de recorte, como las críticas a recortes en Discapacidad dentro del presupuesto.
Bullrich explicó que la vía para cuestionar una sentencia es la apelación, ya que se trata de la decisión de un magistrado. Al aludir al caso Pascual, señaló que la Cámara terminó revocando la resolución, lo que evidencia que la segunda instancia puede modificar o anular lo fallado en primera instancia.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había dictado una suspensión precautoria de 60 días para la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo a favor de adolescentes privados de libertad. Pascual no declaró inválida la Ley 27.801; analizó si el Estado podía ampliar el universo de jóvenes sometidos al sistema penal sin garantizar las condiciones materiales y profesionales requeridas por estándares constitucionales y convencionales, y convocó a una audiencia para que las áreas provinciales informaran las medidas previstas para implementar la norma. La Cámara revocó la medida de Pascual, un antecedente que Bullrich dijo que debe guiar la respuesta ante De Marinis.
La dirigente remarcó que la vía institucional para impugnar sentencias debe ser la apelación y subrayó que el fallo de De Marinis deberá enfrentarse dentro de ese marco, al tiempo que reiteró su convicción de que la política debe resistir cualquier forma de persecución a jueces por sus resoluciones.
