La Liga de Gobernadores del Norte consiguió ayer un importante respaldo en el Senado y acelera la apertura de un nuevo debate en la Cámara de Diputados. Tras la definición de crear una “zona caliente” para obtener tarifas eléctricas diferenciales en el verano, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), los mandatarios provinciales empezaron a hacer llegar a la Casa Rosada una lista de temas prioritarios que podrían influir en el respaldo al Presupuesto.
Entre los temas que exigen tratamiento inmediato figura una revisión de la ley de cabotaje fluvial. Un proyecto promovido desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es visto con simpatía por esa cartera, pero propone cambios más drásticos que los que plantean las provincias y choca con un Congreso que se muestra reticente ante las pretensiones del “coloso” Federico Sturzenegger.
“Hay proyectos presentados y hay conversaciones. Esto es algo que están pidiendo las seis provincias del litoral”, afirmó a Infobae uno de los impulsores en el Senado.
La propuesta apunta a ajustar la normativa para que el cabotaje sea exclusivo del transporte fluvial, excluyendo el transporte marítimo. “Se benefician seis provincias del litoral fluvial y las otras cuatro del norte podrían encontrar en los puertos del litoral una salida más barata para su producción que tener que trasladarla a Rosario, Santa Fe”, indicó la fuente.
Los gobernadores buscan que se modifiquen los permisos vigentes: hoy las empresas solo pueden disponer de barcazas paraguayas con permisos de puerto a otro puerto; lo que piden es que esos permisos sean anuales y sin la restrictiva limitación de un único puerto. “Paraguay tiene la tercera flota de barcazas del mundo y no la podemos aprovechar”, reclamó un legislador del norte.
En el sistema actual, si un armador carga en el puerto de Ituzaingó (Corrientes) y quiere continuar aguas abajo por la hidrovía Paraná-Paraguay, debe gestionar un permiso en cada puerto.
Este debate se vió afectado por la medida del ministro Sturzenegger respecto a los prácticos, que luego debió dar marcha atrás. Hoy parece que no hay mayoría para avalar medidas desregulatorias por parte del Ejecutivo; la experiencia de la Ley Hojarasca, “durmiente” en el Senado, sirve como antecedente.
Los gobernadores sostienen que todo se define en la mesa política y que el Gobierno necesita de ellos tanto como ellos de la Casa Rosada. Ya adelantaron cuál sería el incentivo para estudiar el tema y avanzar.
“Obviamente que este proyecto está cruzado por el debate del Presupuesto”, señaló otro legislador del norte. “Los gobernadores empiezan a bajar los pedidos de lo que quieren para que se discuta en el marco presupuestario”.
