En un plenario celebrado este viernes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, conocido como CONADU, anunció una huelga para este miércoles 30 de septiembre. La medida podría extenderse hasta 72 horas y busca coordinarse en conjunto con CONADU Histórica.

La agrupación aclaró que la huelga quedará suspendida si el Gobierno accede antes del martes 29 a la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, las autoridades nacionales habían ofrecido un incremento del 3% en la última paritaria, propuesta que fue rechazada por los docentes y que dio impulso a la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre.

Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, afirmó que el objetivo de la protesta es fortalecer la organización colectiva frente a lo que, según el gremio, es un contexto de fragmentación e individualismo promovido por el gobierno de Javier Milei. Los docentes sostienen que aún falta una actualización salarial cercana al 30%.

Como informó TN, el Ejecutivo podría presentar una apelación contra la resolución judicial que le dio cinco días para cumplir de manera total la cautelar asociada a la Ley de Financiamiento Universitario. La defensa se presentará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La medida apuntará contra la intimación emitida por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien sostuvo que no hay cumplimiento total y advirtió que podrían imponerse multas diarias si el Gobierno no respeta el plazo.

En paralelo, la Casa Rosada mantiene una postura distinta a la del magistrado. Funcionarios vinculados al expediente insisten en que el Ejecutivo ya habría cumplido con la cautelar y que esa constancia será apresentada ante la Justicia. Este argumento será uno de los ejes de la futura presentación contra la resolución.

Cabe recordar que, aunque la apelación avance, no se reabrirá la discusión sobre la cautelar original, que quedó firme al dictarse en diciembre de 2025. En ese fallo se ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados tanto a la recomposición salarial de docentes y no docentes como a la actualización de los programas de becas estudiantiles.