El oficialismo intensifica la gestión del proyecto de Defensa de la Soberanía remitido por el Ejecutivo tras la alocución de Javier Milei sobre Malvinas. La iniciativa ingresó al Congreso a mediados de mes y fue girada a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, las cuales están a cargo de los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán.

Se espera que funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia brinden explicaciones y defiendan la iniciativa ante los diputados. Además, está prevista una segunda jornada de debate para el 6 de octubre, con la expectativa de que se firme un dictamen para votar en una sesión posible el 7 de octubre. En esa misma sesión se barajaba aprobar también los proyectos de Discapacidad y Endeudamiento, este último donde se espera que llegue el dictamen este martes.

Sin embargo, el proyecto ya recibió objeciones en puntos clave. El artículo 111 modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, financiados por un Estado, organización o agente extranjero, busquen interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población.

Diputados de distintos sectores expresaron reservas. El radical Pablo Juliano señaló que, bajo el paraguas de combatir la desinformación, podría usarse para imputar penalmente a quienes cuestionen al gobierno, lo cual resulta peligroso. Miembros del MID apuntaron que hay textos que conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo y restan atribuciones al Parlamento, advirtiendo que no debe confundirse con respuestas operativas ante amenazas con una habilitación general para desplazar funciones constitucionales.

Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, sostuvo que el proyecto parece orientado más a la represión interna que a la recuperación de Malvinas. Por su parte, el texto deroga la Ley 26.659, vigente desde 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y establece un nuevo régimen de sanciones cuyo alcance podría extenderse a actividades distintas a la hidrocarburífera, incluyendo la posible intervención en recursos renovables o no renovables y, potencialmente, la pesca.

Entre las modificaciones, se amplían las prohibiciones para personas y empresas que participen en actividades no autorizadas y se contemplan reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. El marco sancionatorio contempla multas y otras medidas, con un enfoque que, según críticas, podría ampliar el control estatal en diversos sectores.