El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia para explorar o extraer hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con la aprobación del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Esta definición quedó formalizada en una respuesta parlamentaria registrada el 1° de octubre y establece que Londres tendrá la última palabra en la aprobación de los permisos petroleros futuros.
La aclaración fue formulada por Stewart Wood, subsecretario parlamentario de Estado, tras una consulta del conservador Colin Moynihan en la Cámara de los Lores. El funcionario explicó que la administración de las Malvinas mantiene sus competencias regulatorias y ambientales sobre estos proyectos, aunque las nuevas licencias requieren además el consentimiento del secretario británico.
La misma posición ya había sido comunicada semanas antes ante la Cámara de los Comunes. Según la respuesta oficial, el funcionario británico debe actuar conforme a la normativa vigente en las islas al analizar cada autorización. Al mismo tiempo, Londres dejó en claro que el régimen de concesiones de petróleo y gas que aplica al Reino Unido no rige directamente para las Malvinas.
La intervención del Gobierno británico se da en medio de una disputa regional que involucra a Argentina por la explotación de recursos naturales del archipiélago. En la actualidad, el cargo de Secretario de Estado de Asuntos Exteriores lo ocupa Ed Miliband, quien asumió en julio de 2026.
En su respuesta, Wood sostuvo la postura histórica de Londres respecto de los recursos naturales de las islas. El Gobierno británico sostiene que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar esos recursos como parte del principio de autodeterminación, un argumento que Argentina rechaza dentro del marco de la disputa de soberanía.
La respuesta oficial no hizo referencia a permisos específicos ni precisó si el secretario de Estado intervino en autorizaciones ya concedidas para el proyecto Sea Lion. Asimismo, indicó que la administración de las islas siguió sus procedimientos internos, incluido el análisis de impacto ambiental correspondiente.
La confirmación británica coincidió con un endurecimiento de las medidas argentinas contra las compañías involucradas en el desarrollo petrolero en aguas cercanas a Malvinas. El 3 de septiembre, el Gobierno argentino anunció nuevas actions frente al avance del Sea Lion y, luego, dio inicio a procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las islas.
Paralelamente, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
