El Gobierno concluyó la redacción del paquete destinado a Malvinas y lo trasladó a la Cámara de Diputados en las primeras horas de este jueves. La Casa Rosada completó el cierre técnico de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras varios días de trabajo sobre un texto amplio que reúne herramientas de carácter económico, diplomático y de seguridad.
La iniciativa fue ingresada al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo y avanzar hacia su envío al Congreso.
Entre los responsables del proyecto hubo diferencias internas respecto de los tiempos de presentación. En sectores del oficialismo se esperaba un envío más temprano, y circuló varias fechas posibles durante los días previos. Sin embargo, quienes trabajaron en la redacción aseguran que no hubo plazo técnico fijo para el lunes.
La discusión sobre el cronograma había empezado antes. En una sesión en la que la oposición avanzó con emplazamientos por endeudamiento familiar y Discapacidad, se evaluó la posibilidad de incorporar Malvinas sobre tablas, pero el presidente Milei decidió no adelantarla y se optó por no llevar al recinto un proyecto aún cerrado.
Parte del entramado parlamentario no tuvo acceso anticipado a la versión final. Desde las negociaciones reconocen que esperaron el texto para empezar a trabajar sobre la letra concreta, y la redacción quedó concentrada en los días decisivos en un grupo reducido.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue anunciada por Milei el 3 de septiembre. Entre sus ejes figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructura crítica y marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima, puntos que ya habían sido adelantados por la Casa Rosada cuando presentó formalmente la iniciativa.
Uno de los capítulos centrales apunta a endurecer las herramientas contra empresas y actores vinculados a actividades en las islas sin autorización argentina. El Gobierno partió del régimen de hidrocarburos y evaluó ampliar su alcance a pesca, minería y otras actividades productivas.
El Ejecutivo ya había comenzado a aplicar medidas en el sector petrolero mediante el Decreto 868/2026, que reglamentó procedimientos vinculados con la Ley 26.659. La nueva ley busca darle un marco más amplio a la estrategia iniciada con el avance del proyecto Sea Lion.
Otro título del texto estará vinculado a infraestructura crítica y proveedores estratégicos. Se prevén criterios de seguridad para redes, centros de datos, telecomunicaciones y otros activos que el Estado considere sensibles, dentro de una concepción de Seguridad Nacional que excede la defensa militar tradicional.
