El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ayer una iniciativa para reformar el Código Contravencional, con cambios sustantivos que contemplan bajar la edad de responsabilidad de 18 a 14 años, incrementar multas y medidas de arresto y añadir conductas relacionadas con delitos digitales, acoso en la vía pública y alteraciones de la seguridad, entre otros aspectos.
En una entrevista con radio La Red, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la propuesta destacando que la meta es que toda infracción a las normas de convivencia tenga una consecuencia, con el objetivo de ordenar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los porteños.
La iniciativa se organiza en cuatro ejes: la adecuación de la edad de responsabilidad, la incorporación de nuevas contravenciones, el endurecimiento de las sanciones y la eliminación de mecanismos sustitutivos de las penas. Tapia aseguró que ve viable su aprobación por la Legislatura de la Ciudad y adelantó que el debate será claro y definirá qué posturas prevalecerán.
Uno de los cambios centrales es que los jóvenes entre 14 y 17 años puedan recibir sanciones por contravenciones dentro de un régimen especial, modificando así el límite vigente de 18 años. El ministro explicó que la medida busca equiparar ese umbral con el que rige para los delitos en la normativa nacional. Hasta ahora, quien cometía una contravención y tenía menos de 18 años no podía ser sancionado; con la reforma ese límite quedaría en 14 años, en sintonía con la legislación federal.
Las contravenciones se definen como infracciones de menor gravedad respecto de los delitos penales y abarcan conductas que afectan la convivencia urbana, el espacio público o la seguridad. Tapia describió estas normas como un marco regulatorio para la vida cotidiana en la ciudad.
El segundo eje introduce figuras que hoy no figuran de forma específica en el Código Contravencional, como phishing, deepfakes y la difusión o venta de imágenes sin consentimiento. Para ilustrar la problemática, el ministro mencionó el caso de la difusión de imágenes de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires Carlos Pellegrini, señalando que esa realidad afecta a la sociedad y no cuenta con herramientas adecuadas para ser abordada.
Tapia señaló que, si bien estos comportamientos deberían integrarse al Código Penal, cuyo marco regula el Congreso nacional, la iniciativa apunta a dotar de herramientas a los jueces de la Ciudad mientras se discuten eventuales cambios a nivel federal. La propuesta, aún pendiente de debate y votación en la Legislatura porteña, busca avanzar desde un marco local para enfrentar conductas que impactan la convivencia cotidiana.
