Las universidades nacionales anunciaron la convocatoria de su quinta marcha federal para exigir al gobierno de Javier Milei la implementación de la Ley de Financiamiento. La norma acumula 321 días sin ser puesta en práctica, y el Ejecutivo continúa sin acatar la cautelar judicial, que surgió de un fallo de la Corte Suprema el 25 de junio y que debería traducirse en un aumento salarial inmediato de 31% para más de 300 mil docentes y trabajadores no docentes de las más de 60 universidades públicas.
La propuesta de la nueva movilización partió de Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectores celebrado en Bariloche. Bartolacci planteó realizar la marcha en octubre, en fecha aún por definir, con la idea de lograr un amplio respaldo social que, según afirmó, fue clave para sostener la postura universitaria frente a los recortes del Gobierno.
En el mismo encuentro, el CIN aprobó el presupuesto universitario para 2027. Más de 50 representantes de las áreas administrativas y financieras de las universidades se reunieron en Mar del Plata para elaborar el cálculo de lo que necesitarán para funcionar. La prioridad financiera que se planteó es de 11 billones de pesos. Con ese marco, este lunes se enviarán notas a legisladores y, en un plazo de 15 días, se convocará a una reunión pública en el Congreso para exponer las necesidades del sistema universitario, informó Bartolacci. El acto de Bariloche contó con la bienvenida del anfitrión, Anselmo Torres (rector de la Universidad Nacional de Río Negro), y del gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck. Para 2026 se había solicitado 7,3 billones; el Gobierno otorgó 4,8 billones y en julio se amplió la cifra en 1,33 billón para cubrir un acuerdo salarial del 21% y otras partidas.
Participaron también representantes de federaciones gremiales, que el martes previo acudieron a la paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano, donde la oferta estatal fue de 3% para septiembre. La Ley de Financiamiento exige un aumento del 31%, incumplido por el Gobierno.
El comité ejecutivo del CIN quedó facultado para convocar a la nueva marcha federal. Sin embargo, Bartolacci advirtió sobre un panorama complejo e incertidumbres por delante. En pleno plenario vencían tres días de plazo que el juez Martín Cormick había fijado para que el Gobierno explicara los avances respecto de la cautelar. Tras el fallo del 25 de junio, el abogado del CIN, Pablo Manili, indicó ante los presentes que hubo dos pedidos de ejecución de la cautelar, reclamando intimación bajo apercibimientos de multas diarias y la apertura de una causa por desobediencia (art. 239). El representante legal afirmó que existen mecanismos para hacer cumplir la cautelar, aunque aún quedan gestiones por delante.
