El Ejecutivo acelera las negociaciones en el Senado para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, con modificaciones que afectan la internación sin consentimiento, el abordaje de las adicciones y las medidas de apoyo tras el alta médica. El objetivo es obtener un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre.
Este miércoles, la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará una conferencia de prensa para presentar los acuerdos alcanzados. La contarán con Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General; el encuentro se realizará en el despacho de Bullrich.
Entre los cambios planteados, la propuesta busca modificar puntos centrales de la Ley 26.657, especialmente las condiciones para disponer una internación sin consentimiento. También se prevén nuevas disposiciones sobre tratamientos, derechos de las familias y la atención de niños y adolescentes con consumos problemáticos.
Un eje destacado es la revisión de los requisitos para la internación involuntaria. El texto propone que la medida pueda aplicarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, sustituyendo el criterio de riesgo “cierto e inminente” vigente hoy. Además, para ordenar la internación se deberá realizar una evaluación y obtener la firma de dos profesionales del servicio, uno de los cuales debe ser médico y, preferentemente, psiquiatra.
La reforma también aborda otras dimensiones: el Estado deberá garantizar dispositivos y apoyos comunitarios cuando el paciente carezca de una red familiar o ésta no pueda hacerse cargo. Asimismo, incorpora las Reglas Nelson Mandela como marco de referencia para las políticas públicas vinculadas a personas privadas de libertad.
En lo referente a menores, se propone una atención especializada para consumos problemáticos, con equipos formados en enfoque infantojuvenil y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También se establecen principios de autonomía progresiva, confidencialidad, derecho a ser escuchado, abordaje familiar y no criminalización.
Durante agosto, Bullrich y Arrascaeta coordinaron reuniones con representantes sanitarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires; en las jornadas también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. El objetivo fue recoger las posiciones de las jurisdicciones y avanzar hacia un texto capaz de sumar los votos necesarios para la aprobación.
El debate en el Congreso se había iniciado en mayo, cuando las comisiones de Salud y Legislación General comenzaron a recibir a funcionarios nacionales para delinear la propuesta y sus posibles acuerdos.
