En el Congreso, la lucha por la agenda se centra en el endeudamiento de los hogares y en la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuyo marco legal vence el 31 de diciembre. El oficialismo y la oposición buscan imponer sus calendarios para avanzar o demorarlos, con comisiones que hoy dependen de múltiples iniciativas.
El diputado Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, notificó a la Comisión de Finanzas para que se reúna este martes a las 15:00, en busca de avanzar con el tratamiento de los proyectos. Paralelamente, la coalición opositora pretende reunir quórum este miércoles a las 12:00 para emplazar a las comisiones correspondientes y acelerar el proceso sobre los proyectos de endeudamiento familiar y la extensión de la Emergencia en Discapacidad.
La estrategia de la oposición apunta a fijar plazos concretos para avanzar hacia dictámenes, mientras que La Libertad Avanza ya presentó un cronograma propio para el desarrollo de la discusión, la toma de testimonios y la redacción de un dictamen. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, afirmó que su agrupación prioriza un marco que evite beneficiar a bancos o financieras con tasas altas y que preserve el crédito, rechazando propuestas que, desde UP, podrían complicar la situación.
La hoja de ruta fue anunciada la semana pasada por Pauli y Gerardo Huesen, responsable de Discapacidad, quienes detallaron los hitos previstos para el tratamiento de las iniciativas y la firma de los dictámenes. En lo que respecta al endeudamiento familiar, Pauli adelantó dos reuniones informativas con invitados para el martes 8 y el miércoles 16 de septiembre, seguido de un debate entre diputados el miércoles 23, con la fecha límite para emitir dictamen fijada para el 30 de septiembre.
Además, Pauli se comprometió a avanzar hacia la unificación de los giros de las iniciativas, ya que casi medio centenar de proyectos vinculados al tema están distribuidos en nueve comisiones, lo que complica su tratamiento conjunto. En Finanzas, actualmente hay 35 proyectos en discusión.
La diputada radical María Inés Zigarán, integrante de Provincias Unidas, señaló que el sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un fenómeno marginal y constituye una crisis de flujo de ingresos que puede coexistir con empleo y patrimonio modesto, afectando gasto en alimentación, vivienda, salud y educación. Definió la necesidad de distinguir esta situación de la insolvencia empresarial y del fraude, para proteger el mínimo vital, ordenar pagos y mantener incentivos para el cumplimiento futuro. Zigarán presentó un proyecto para crear un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas, que incorpora datos oficiales en su marco regulatorio.
