El fallo de la Corte Suprema que reinstaló un artículo del megadecreto 70/2023, impulsado por el gobierno de Milei, y que eliminó límites a la venta de tierras a extranjeros, desató un intento de la oposición de impedir su continuidad en la Cámara de Diputados durante la sesión prevista para el 15 de octubre. Si la oposición logra derrotarlo allí, la norma quedaría definitivamente derogada, dado que el Senado ya se había pronunciado en su contra en marzo de 2024.
Más allá de la cuestión de la Tierra, un eventual rechazo del DNU podría desatar una cascada de cambios y derogaciones que ese texto contiene, ya que está compuesto por 366 artículos. Según fuentes oficiales, ocho de esos puntos estarían vigentes y serían de los más afectados precisamente porque no fueron respaldados por leyes posteriores que les dieran mayor solidez.
Diversos dirigentes ven en esta reactivación de normas derogadas una señal de que la Ley de Tierras podría volver a discutirse por vías distintas, dado que para algunos actores ese cuerpo normativo quedó en estantería y podría ser reinstalado mediante otros mecanismos.
La Corte Suprema, al desestimar el planteo contra la derogación de la Ley de Tierras, podría, en este marco, abrir espacio para recomponer el andamiaje institucional. En Diputados, la decisión de no tratar el tema tras el rechazo del Senado en 2024 se explicó como una búsqueda de salidas legales alternativas, aunque la coyuntura actual podría cambiar ese rumbo.
Si la Cámara baja decide anular el DNU de forma definitiva, el impacto en la vida cotidiana y en la seguridad jurídica sería inmediato: tenderían a volver normas derogadas como la vieja ley de alquileres, y avanzarían cuestiones pendientes como el acceso a internet satelital, entre otras. Por ello, se subraya la necesidad de analizar salidas que no desordenen bruscamente relaciones jurídicas ya consolidadas.
La oposición ya anunció una sesión especial para el 15 de octubre con el fin de tratar no solo el DNU 70/23, sino también proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia por discapacidad y a temas de morosidad y endeudamiento familiar. Para avanzar, la oposición requiere 129 diputados para lograr el quórum y, luego, una mayoría simple para superar el decreto.
Entre los firmantes del pedido de sesión está Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), acompañado por legisladores del peronismo, Provincias Unidas y la izquierda, en una señal de unidad transversal para intentar torcer la suerte del DNU.
