El Gobierno está trabajando en un borrador de ley para ampliar el alcance de las sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas desarrolladas en las islas sin autorización argentina, en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei pretende enviar al Congreso. La idea es que el régimen sancionatorio no quede limitado al sector hidrocarburos, sino que abarque otras explotaciones económicas.
Entre las áreas que el Ejecutivo maneja incluir figuran la minería y la pesca, ambas con un tratamiento específico en revisión. También se contemplan la ganadería, la agricultura y el turismo dentro de las discusiones técnicas, aunque todavía no hay definiciones cerradas.
El proyecto se discute en una mesa de trabajo reducida y con el articulado en etapa temprana. Quienes participan advierten que es una ley compleja, con numerosos aspectos aún en estudio, y señalan que la Casa Rosada quiere avanzar con cautela antes de fijar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central: la exploración y explotación de hidrocarburos ya están cubiertas por la Ley 26.659, mientras que la nueva iniciativa pretende definir qué herramientas pueden extenderse a otras actividades y a los actores que participan directa o indirectamente de las operaciones en las islas.
La pesca es, por ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. En el Gobierno reconocen que están trabajando en ello y evalúan reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones con licencias británicas. Existe una base legislativa ya vigente: desde 2008, la Ley Federal de Pesca impone restricciones a quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
Un foco clave es cuánto ampliar el concepto de vinculación. Si se extiende de manera más amplia a accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresariales, podría aumentar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses en la Argentina continental y en las islas.
La dimensión económica ayuda a entender parte del interés del Ejecutivo: según la estrategia económica de Malvinas, la pesca y la acuicultura aportan alrededor del 58% del producto bruto y, durante décadas, han sido el motor principal de la economía isleña. La administración local busca diversificar ese modelo incorporando petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería es mencionada como una actividad histórica y consolidada en la región, en contraste con la minería, y figura entre las áreas que se analizan dentro de la normativa en desarrollo.
