El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo mecanismo institucional, denominado Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará en la órbita de la Cancillería y buscará coordinar las acciones estatales vinculadas a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares. La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente como parte de la estrategia para recuperar el pleno ejercicio de la soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, la finalidad del sistema es “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”. En ese marco, la Cancillería podrá asegurar que toda la actividad exterior del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
El comunicado subraya que la recuperación de la soberanía exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”. Añade que la iniciativa apunta a adoptar las medidas necesarias para defender derechos e intereses nacionales, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
El Gobierno remarcó que continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos con el fin de defender la soberanía. En el contexto de estas políticas, la gestión pública ha avanzado con una batería de medidas para sancionar a empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional en la región.
Entre las decisiones adoptadas, se anunció la reasignación de 217.959 millones de pesos del Presupuesto nacional al Ministerio de Defensa, destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego (equivalentes a unos US$142 millones). También se dispuso que los organismos del Estado detecten incumplimientos y los informen a la Cancillería para impulsar sanciones, y se ordenó incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el sistema RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
