La última jugada de la defensa de Alberto Fernández para dejar sin efecto la causa por violencia de género, iniciada a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez, fue rechazada este miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo fue mayoritariamente adverso al recurso, con el voto discordante del juez Alejandro Slokar.

El escrito de apelación, presentado en octubre del año pasado por Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, sostenía que la remoción del juez Julián Ercolini implicaba descartar todas las pruebas obtenidas durante su gestión y, en consecuencia, anular todo el proceso. Los abogados cuestionaron especialmente que los mensajes y las fotos halladas en el teléfono de la exsecretaria María Cantero —que dio origen a la investigación— constituían una "prueba contaminada por un origen ilegítimo" y vulneraban garantías esenciales del proceso penal.

Sin embargo, la mayoría del tribunal entendió que ese planteo no alcanzaba a demoler los fundamentos previos del caso y se limitaba a expresar un desacuerdo, sin demostrar de forma directa una vulneración constitucional de los derechos del expresidente. En el fallo se señaló: "Finalmente, no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio".

El juez Slokar dejó constancia de su disidencia, señalando que corresponde analizar el fondo de la cuestión conforme al marco procesal. No obstante, aclaró que su postura no equivale a expresar apoyo al exjefe de Estado.

Julián Ercolini ya había sido apartado de la causa por presentar, según el tribunal, una enemistad manifiesta con Fernández que comprometía su imparcialidad. La razón de fondo de esa decisión fue evitar sesgos y salvaguardar el debido proceso, además de buscar evitar la revictimización en un expediente de violencia de género. En su lugar, la investigación quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien solicitó diligencias de prueba para el desahogo de la defensa, medidas que la defensa venía reclamando pero que aún no se habían ejecutado.

Con el análisis de esas pruebas en curso, Rafecas deberá definir la situación procesal definitiva del expresidente: si mantiene la investigación para un eventual juicio oral y público o si corresponde declarar la falta de mérito o dictar el sobreseimiento. Por su parte, el fiscal federal Ramiro González había pedido el envío a juicio y dio por cerrada la pesquisa hace más de un año.